España es el país que más sospechas de fraude alimentario ha comunicado

En el informe anual de 2017 publicado por la Comisión Europea (CE) sobre los casos de fraude alimentario, España es el país que más solicitudes ha enviado al Sistema de Asistencia y Cooperación Administrativa (AAC). Este aumento se debe a una mayor implicación del estado en el control de la venta online de los alimentos elaborados en España.

El número de solicitudes de control de productos ha crecido en toda Europa. España ocupa el primer puesto con 52 solicitudes y 29 peticiones atendidas por parte de la AAC. Hay peticiones sin atender a fecha de 12 de febrero 2018 que todavía tienen que emitir un veredicto sobre el producto.

Cuando la ACC analiza las peticiones emitidas por los países miembros, estas se pueden calificar de tres formas: nula, No Conformidad sin peligro para la Salud o Fraude Alimentario.

Para evaluar un alimento hay 4 criterios que la AAC considera. Aunque dichos criterios no están codificados en la legislación, los Estados miembros y la ACC se valen de dichos parámetros para abordar los fraudes alimentarios.

Los criterios son:

1. Legislación. Violación de una o varias leyes recogidas dentro de la legislación de alimentos y piensos de la Unión Europea.
2. Intención. Incumplimientos no casuales, que mediante evidencias se corrobora una intencionalidad oculta.
3. Beneficio. Obtener beneficio económico de algún incumplimiento constatado como no casual.
4. Expectativas del consumidor. Implica alguna forma de engaño al consumidor sobre la calidad o la naturaleza del producto, ya que le confunden, engañan e incluso pueden llegar a causar un riesgo para su salud.

Para que una petición sea calificada de No Conformidad basta con que no respete uno de los criterios anteriores. Para que se considere un Fraude Alimentario debe incumplir los cuatro.

Los europeos calificados en 2017 de No conformidad alcanzan un total de 597, mientras que en 2016 solamente se detectaron 87. Respecto a los casos de Fraude Alimentario, ascienden a 178 casos, aunque otros sistemas de alarma contabilizan hasta 240 casos.

Destacaremos algunos de los casos de fraude más significativos de 2017

• En el verano de 2017 se detectó el uso ilegal de fipronil en granjas de aves de corral que provocó la contaminación de la carne y de los huevos.
• Atún pintado y atún fresco. En 2016 y 2017 se han detectado diversos casos de la venta del atún enlatado como fresco. El atún enlatado se vende entre 4 y 6 euros el kilo, mientras el fresco por 12 y 15 euros el kilo. Se calcula que esta práctica ha supuesto un beneficio de 200 millones de euros al año. También se detectó la práctica de cambiar el color del atún enlatado mediante extractos vegetales y sales para que pareciese más fresco y, así, venderlo más caro.
• Adulteración de cera de abejas. En 2017 se detectó que la cera de abejas destinada como base para los paneles de miel se podía adulterar con parafina y estearina para obtener mayores beneficios económicos.