Delito alimentario, qué es y sus consecuencias en España

España es uno de los países que más sospechas de delito alimentario ha comunicado a la UE, este es un problema que afecta tanto a la industria como al consumidor. Por ello en este post queremos establecer qué casos se definen como fraude alimentario según la norma nacional y que consecuencias legales supondría incumplir dichas leyes.

El incumplimiento de las leyes conlleva la imposición tanto de sanciones de tipo administrativa como penales por delito alimentario. El grado de gravedad depende del hecho cometido y del daño potencial o causado en la salud de los consumidores.

Los casos que se definen como delito alimentario se recogen en los artículos 363 a 367 del Código Penal, leyes encargadas de proteger la salud pública y regular situaciones que causen un peligro o graves consecuencias para la salud de las personas. El mero hecho de que se trate de un potencial peligro ya se considera delito, sin necesidad de que haya perjudicado a ningún individuo.

En los artículos se contemplan los siguientes casos:

1. Ofrecer en el mercado productos que omitan o alteren su caducidad y composición.
2. Fabricar o vender bebidas o comestibles destinados a consumo público nocivos para la salud.
3. Traficar con géneros corrompidos.
4. Elaborar o comerciar con productos no autorizados y perjudiciales para la salud.
5. Distraer efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados para comerciar con ellos.
6. Administrar a los animales destinados a consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis o para fines distintos a los autorizados.
7. Sacrificar animales o destinar sus productos a consumo humano sabiendo que se les ha administrado sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas.
8. Sacrificar animales a los que se les hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante el uso de sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas.
9. Comercializar carnes o productos de animales de abasto sin respetar los períodos de espera previstos reglamentariamente.
10. Envenenar o adulterar aguas potables o sustancias alimenticias con sustancias infecciosas u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud.

Respecto a las consecuencias de incumplir dichos artículos, la persona jurídica en la que recaiga la responsabilidad, puede ser condenada a la disolución, suspensión o clausura de la actividad, prohibición de realizar en el futuros actividades del mismo ámbito, inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas, e incluso, la intervención judicial de la mercantil.

Si el responsable demuestra que el delito alimentario se debe a una imprudencia y no por voluntad, la pena se mantendrá, pero se podrá rebajar.

En LegaleGo Nutrition tenemos un amplio conocimiento del sector alimentario. Consúltenos sin ningún compromiso cualquier duda al respecto.